Las enmiendas presentadas por el Partido Socialista y Podemos al proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe) «preocupa mucho» a los obispos.
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Luis Argüello, aseguró este jueves que esas propuestas «disminuyen la libertad de enseñanza», «cercenan la libertad de los padres a elegir para sus hijos una educación que esté conforme a sus convicciones morales y religiosas» e «introduce una anacrónica sospecha sobre lo que puede significar una educación humanista cristiana en la propia escuela».
El pasado mes de julio, el secretario general de la CEE, junto al presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, monseñor Alfonso Carrasco Rouco, se reunieron con la ministra de Educación, Isabel Celaá, para ofrecerle la visión general de la Iglesia sobre la que será la octava ley educativa de la democracia y para recordarle la conveniencia de llegar un pacto educativo en el que se respete el artículo 27 de la Constitución.
Durante ese encuentro, los prelados presentaron además «una propuesta concreta para integrar de una manera novedosa en el currículum escolar la clase de Religión y su asignatura espejo sobre valores cívicos y ciudadanos». «Se nos dijo que iba a ser estudiada, pero a día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta», afirmó monseñor Argüello, durante una rueda de prensa al término de la reunión de la Comisión Permanente.
Para los prelados, la contestación a esas propuestas han llegado en «forma de enmiendas» por parte de los partidos que conforman la coalición de Gobierno (Psoe y Podemos). «No hacen más que agudizar los problemas» que ya planteaba el texto original de la ley, afirmó el portavoz de los obispos.
Pese a los desencuentros en materia educativa, el espacio de diálogo sigue abierto, después de que el pasado mes de junio el presidente de la CEE, Juan José Omella y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, acordaran la creación de una comisión mixta.
«La idea era resolver cuestiones que en un principio parecía que preocupaban más al Gobierno», como las inmatriculaciones de la Iglesia o el fin de la exención del IBI. Sin embargo, la Iglesia ha aprovechado este grupo de trabajo «para trasladar su preocupación sobre otros asuntos, como la nueva ley educativa, la legalización de la eutanasia o ley de memoria democrática», señaló el portavoz.
«Enmienda a la totalidad»
Sobre este último anteproyecto de ley, el secretario general de la CEE fue muy claro: «Es una emienda a la totalidad de la transición democrática y en especial de lo que tuvo de concordia, reconciliación y mirada hacia adelante». Entre los muchos aspectos que preocupan a la Iglesia, la desacralización del Valle de los Caídos es «muy importante» pero no es «la de mayor gravedad».
«Lo grave es pretender escribir una especie de historia oficial y que esa historia oficial quiera además hacerse pauta educativa en una suerte de vieja formación del espíritu nacional que algunos estudiamos en las escuelas del régimen anterior», afirmó.
Sobre la pretensión del Gobierno de convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil, monseñor Luis Argüello lo tildó de «anacronismo», puesto que en la actualidad en los cementerios «están enterrados creyentes y no creyentes». «En ese sentido, la vieja distinción entre cementerios civiles y no civiles es una cuestión superada. En la práctica habitual, muchísimos de los cementerios parroquiales están cedidos en su gestión a los municipios o administraciones locales», insistió.
Siguiendo en este argumento, el portavoz también explicó que la Cruz del Valle de los Caídos es «símbolo de reconciliación» y que tratándose de un espacio en el que hay un templo es normal que «se ore por el descanso de los difuntos». «Evidentemente si hay cruz y basílica nosotros pensamos que es importante que siga habiendo una comunidad que mantenga el culto», afirmó.
«Estamos perplejos que ante una situación tan grave no haya acuerdo entre el Gobierno y Madrid»
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Luis Argüello, admitió este jueves su «perplejidad» ante la falta de acuerdo entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid «en medio de una situación tan grave» como la expansión de la pandemia de Covid-19.
«Los políticos convocan a la unidad pero son los primeros en lanzar muchas piedras de división», afirmó el portavoz de los obispos. Por ello, pidió «por favor» a los representantes políticos que «logren acuerdos» que permitan a los ciudadanos «salir de su perplejidad» y «puedan colaborar en evitar la expansión del virus».
En esta línea, también pidió que los criterios para frenar al virus sean fijados por un grupo de expertos aunque luego la decisión tenga que ser política. «Deberían tener voz la opinión de equipos de expertos independientes para evitar que el virus del enfrentamiento nos haga reafirmarnos en lo propio, en lugar de buscar una propuesta del bien común», señaló.
