El ministro de Interior y Policía ha emprendido una cruzada de desarme de la población que arranca por identificar e incautar las armas cuyos permisos no han sido renovados.
Igualmente, su determinación ha supuesto la cancelación de 53 empleados asociados al departamento encargado del proceso.
Es un buen comienzo. Indudablemente hay un exceso de armas de fuego en manos (apropiadas o inapropiadas) de la población civil.
Nadie piensa que esa sea la solución mágica a la delincuencia o la seguridad ciudadana pero es un requisito esencial que la Policía sepa dónde y en manos de quién están las armas de fuego.
Al ministro Vásquez le espera una ardua labor. La percepción (siempre la percepción) de que la inseguridad ciudadana está creciendo y de que en un futuro puede ser mayor por la pérdida de empleos y la duración de la pandemia, no va a hacer más fácil su determinación de aumentar la vigilancia y la seguridad en las calles.
Por ahora, requisar las armas ilegales, las que no están al día en su permiso y su revisión es una medida acertada.
