Hasta marzo pasado, 21 ciudadanos murieron a manos de integrantes de la Policía Nacional. Estamos hablando que ha muerto más de uno por semana en tiroteos con la Policía Nacional en lo que va de 2024, un número superior al mismo periodo en el 2023.
Este es un problema viejo en el país, que se reitera, que es una constante en nuestras fuerzas de seguridad, sobre todo, porque en la mayoría de los casos permea la impunidad y el ostracismo en las investigaciones de los incidentes.
Es normal que se compre la teoría policial de la «resistencia» del buscado por las autoridades, en lugar de respetar el derecho a un juicio que tenemos todos.
Una Policía que resuelve los problemas de delincuencia a plomo es el reflejo de un mal social e institucional de fondo que no hemos podido resolver.
La reforma policial ha intentado trabajar en ese problema, pero poco ha logrado, pues los muertos a tiros por policías en servicio son demasiados para un sistema democrático.
Esta sigue como una de nuestras mayores asignaturas pendientes, porque la aplicación de la justicia debería ocurrir en los tribunales, no en las calles.